La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento de sus deberes en materia de calidad de aire desde 2010. El momento en el ocurre apunta, como detonante, a la situación que está viviendo Madrid Central con el nuevo gobierno de PP, Ciudadanos y Vox, el cual pretende eliminar el «Madrid Centra de Manuel Carmena».
El expediente de la Comisión Europea contra España, se abrió en 2015, ha estado parado desde Mayo del año pasado y se ha reactivado cuando el Consistorio ha fracasado en su intento de suprimir las multas de Madrid Central. La Fiscalía General del Estado tiene una investigación abierta desde que el nuevo alcalde de Madrid mostrará su intención por detener el plan. Cabe destacar que el expediente contempla un incumplimiento de los níveles de NO2 no solo en Madrid, también en Barcelona y la zona del Baix Llobregat.
Hace poco más de un año la Comisión Europea reconocía en un informe el incumplimiento de varios países, entre ellos España, de las normas de calidad de aire. España, Eslovaquia y República Checa tuvieron más margen de maniobra porque las medidas que habían propuesto, entre ellas Madrid Central, podían avanzar hacia los límites de la directiva de calidad del aire. Esa tregua se ha prolongado durante un año hasta la vuelta atrás de Madrid Central. Este movimiento ha obligado a la Comisión a reactivar el expediente contra España apenas dos meses después del cambio de gobierno.
Manuela Carmena restringió el tráfico en el centro de Madrid con la creación de un área de prioridad residencial para reducir la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2). Ahora, José Luis Martínez-Almeida, pretende anular esa labor y sustituirla por un sistema de multas (sistema suspendido por la justicia).
Para algunos, la propuesta anterior de Manuela Carmena es un éxito y marca el camino a seguir contra la contaminación del aire. Para otros, no es más que una reducción del tráfico en el centro que perjudica a las zonas adyacentes y que aumenta la contaminación en conjunto. Ambos puntos de vista se basan en la concentración de NO2 y los datos aportados por las estaciones de la red de vigilancia del Ayuntamiento. Sorprende ver como los mismo datos arrojan conclusiones tan distintas.
Esta situación expone a España a un sanción millonaria si no toma medidas para mejorar la calidad de aire y cumplir los límites establecidos. «No valen excusas, hay que actuar contra la contaminación» ha pedido el comisario del Medio Ambiente, Karmenu Vella.
De no detectar progresos, la justicia europea podría dictaminar que España pague por ello como ya ocurrió en el expediente abierto por la falta de depuración de las aguas urbanas. La denuncia no supondría pagar a corto plazo. En primer lugar debe haber una sentencia que constate que se ha quebrantado la ley, pero si no se corrige, Bruselas volvería a los tribunales para sancionar económicamente. Este proceso puede alargarse años.